Pepe Martínez, Director de la Gaceta del Motor

El objetivo marcado por la Unión Europea para la reducción de un 55% de emisiones de C02 y tener en el año 2030, al menos, 30 millones de coches cero emisiones en las carreteras se ha convertido en un fiasco, de consecuencias irreparables, que arrastra a los fabricantes de automóviles, forzando a varios de ellos, incluso, al abandono del mercado europeo.

Según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) para conseguir estos objetivos, serían necesarios unos 60 millones de puntos de recarga, públicos y privados, en todo el continente.  Sin embargo, actualmente, apenas se superan los 200.000 cargadores en toda Europa. Número claramente insuficientes para abastecer un parque enchufable que crece a un ritmo mucho mayor. Esta situación es altamente peligrosa ya que los consumidores son conocedores de la escasez de puntos de carga imprescindibles para atender una demanda en pleno crecimiento.

En España tenemos 7.700 puntos de recarga y una disparidad de ubicación que dificulta aún más el libre uso de estos automóviles electrificados. Cataluña dispone de 2.600 puntos, seguido de la Comunidad de Madrid con apenas 1.000 puntos. Hay comunidades de enorme extensión como Castilla la Mancha que no supera los 150 puntos.

Si nos referimos a puntos de recarga pública rápida, es decir de más de 250 kW, solamente 8 están disponibles en todo el territorio nacional. España necesita aumentar rápidamente su infraestructura de carga de coches eléctricos, tanto en vías urbanas como interurbanas, pasando por la eliminación de complejas trabas administrativas, distintas en función de la legislación de cada una de las comunidades autónomas.

Tal es el desorden administrativo que planea sobre los eléctricos que los conductores pueden llevarse una desagradable sorpresa cuando completen su declaración de la Renta. Un ciudadano, con un sueldo neto medio de 21.000 euros anuales, que haya recibido las ayudas del Plan Renove o Plan Moves pagará 1.200 euros en su próxima declaración según cálculos efectuados por los Técnicos de Hacienda (GESTHA) en la antesala del comienzo de la campaña de la Agencia Tributaria.

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